por Claudio Díaz (agencia PACO URONDO)
El terrorismo psicológico que ejercen el Estado de Israel y sus satélites judíos escribe por estos días en la Argentina uno de los capítulos más ominosos de los últimos tiempos. El gobierno nacional, que en algunas oportunidades demostró tener voluntad para no dejarse correr por algunos grupos de poder, acaba de sucumbir ante la extorsión, una más entre tantas, del despotismo sionista. Es casi lógico que suceda esto. Después de Perón no existió en nuestro país dirigente alguno que tuviera lo que hay que tener (convicción, determinación, firmeza) para impedir la descarada intromisión de un “grupo humano” auto-convencido de que es “el elegido” de toda la humanidad y que, aquí y en casi todo el planeta, pretende dominar a los territorios como si fueran de su exclusiva propiedad.
Todo es producto de las recientes marchas de argentinos de diversa extracción política y social para repudiar la criminal invasión israelita en Gaza. Frente a la reacción de los jerarcas judíos de Buenos Aires, que pretendieron instalar la idea de que la ciudad se transformó en la capital del antisemitismo, una funcionaria de tercer nivel, que en un principio hizo una lectura correcta de la realidad, tuvo que pedir perdón y casi que arrodillarse por presión del gobierno. Y, ya en el colmo de la sumisión, salir a pedir la cabeza de algunos dirigentes a los que se acusa de pronunciar frases hirientes y discriminatorias para con el judaísmo que no son tales.
Es un caso realmente increíble, demostrativo de la irracionalidad con que el sionismo impuso en el pensamiento occidental una “verdad” irrefutable que determina -casi como norma obligatoria- que un comentario adverso a Israel es prueba revelada de persecuciones, pogroms, campos de concentración, hornos crematorios… María José Lubertino, titular del INADI, el Instituto contra la Discriminación, había dicho con sencillez y sentido común lo que cualquier analista político diría: “Israel violó el derecho internacional y por eso se le vino encima este conflicto”. Sólo dijo eso. Y fue suficiente para que se desatara la sinrazón del gobierno argentino. Como el embajador israelí en Buenos Aires, Daniel Gazit, cuestionó a la funcionaria, desde lo más alto de la administración kirchnerista se la defenestró en público. El joven ministro Sergio Massa salió con los tapones de punta, manifestó que las de Lubertino habían sido expresiones “poco felices” y le exigió que denunciara ante la Justicia a los manifestantes que habían tenido el atrevimiento de criticar al Estado de Israel (ver Clarín y La Nación del 29 y 30 de enero de 2009).
Como era de esperar, la funcionaria sobreactuó la orden. Intimó, entre otros, al dirigente piquetero Luis D'Elía para que "ratifique o rectifique" declaraciones discriminatorias realizadas en medios de comunicación. ¿Cuál fue el “agravio” de D'Elía? En la edición digital de La Nación del 29 de enero había dicho que “la comunidad judía argentina tendría que haberse sumado a los miles de judíos que marcharon en Tel Aviv oponiéndose a la matanza y a la agresión del gobierno en la Franja de Gaza. Me gustaría verlos repudiando lo que hizo su gobierno, igual que nosotros". Terrible demostración de que es un nazi que quiere matar a todos los judíos…
Los medios de comunicación, un espacio en el que el sionismo tiene intérpretes fieles, contribuyeron a alimentar la fábula del antisemitismo argentino. En la edición de Clarín del 30 de enero, acompañando al título “El gobierno denunció a la justicia actos antisemitas”, aparece la fotografía del paredón de un edificio porteño con un graffiti. Se lee en el epígrafe: “Pintadas con contenidos antisemitas en Belgrano y Piedras”. ¿Qué dice de antijudío el graffiti? “Fuera sionistas de Gaza”. Es el equivalente a “Fuera yankis de Irak”, “Fuera piratas de Malvinas”, etc. Todo eso se puede decir. Pero cuando se trata de Israel, la opinión es tildada de antisemitismo, discriminación, intolerancia, nazismo.
Mientras tanto, desde el liberalismo más rancio, se salió a demonizar al joven diputado peronista Ariel Pasini. El diario Ámbito Financiero intentó generar un revuelo luego de que el legislador se reuniera con el representante palestino en la Argentina, Farid Suwwan. Bajo el título “Argentinos que peleen en Gaza perderían ciudadanía” y sin precisar ningún tipo de fuente, aseguró: “Pasini dejó ayer la embajada palestina con el compromiso de impulsar un proyecto para quitarles la ciudadanía a los argentinos que combatan bajo otra bandera”; y que tal definición “parece dirigida a sancionar a los argentinos que formen parte, o vayan a hacerlo, de las FF.AA. del Estado de Israel”.
El Grupo Hadad no se quedó atrás. Infobae y C5N tomaron la “información” y le agregaron su cuota de intencionalidad: “La embestida antisemita ya se trasladó al Congreso Nacional”, afirmaron en uno de sus titulares, para luego explicar que “la campaña de grupos radicalizados dio un paso inesperado. Un diputado anunció un proyecto que busca castigar a los ciudadanos argentinos de origen judío. Se llama Ariel Pasini y ayer se reunió con el embajador palestino Farid Suwwan”. Jamás existió en la mente del legislador impulsar ese supuesto proyecto.
La historia es harto conocida. Desde que al final de la guerra mundial cobró una notoriedad inusitada la persecución a los judíos (como si no hubiera existido en el devenir de la humanidad ningún otro pueblo que haya sufrido la opresión de los poderosos), quedó establecido casi como norma mundial de cumplimiento estricto que nadie puede criticar o hablar mal del Estado de Israel o de cualquier persona de ascendiente judío. Quien se atreva a levantar una voz disidente a ese pensamiento único de carácter planetario, pasará a ser considerado como un nazi y, por lo tanto, pasible de ser juzgado y condenado con dureza.
En nuestro país, hecho con sangre autóctona y de otros pueblos, nos cansamos de juzgarnos entre nosotros mismos: “¡Gallego hijo de puta!”, “¡Tano hijo de puta!”, “¡Negro hijo de puta!”, “¡Turco hijo de puta… ¡”. Pero guay con decir “Judío hijo de puta”, porque se nos viene el mundo encima. En esa línea, todo el mundo también puede calificar de dictaduras a los gobiernos de Franco, de Mussolini, de Stalin, de Fidel Castro, de Saddam Hussein, de Chávez. Pero que nadie se atreva a hablar del terrorista Estado de Israel, un país creado contra natura, artificialmente, a través del crimen planificado y llevado a cabo sin contemplación alguna. El sionismo y sus satélites hablan de Hamas y del Hizbolla habiendo sido creadores de bandas asesinas como el Irgún, la Haganá y el Grupo Stern, que con atentados y bombardeos indiscriminados asesinaron a decenas de miles de palestinos e inclusive al primer secretario general de la ONU, el Conde de Bernardotte, para apropiarse de un territorio que no les pertenecía. Eso es Israel.
La presión que ejerce el sionismo sobre el gobierno y, en verdad, sobre toda la comunidad nacional no se compadece con el lugar que ocupa en la sociedad argentina. No es posible que siendo apenas el 1% de la población, la colectividad judía pretenda (cuando se cuestiona su desempeño) tener un trato diferenciado del resto de la población. Hay que decir, también, que las organizaciones de la comunidad judía residente en nuestro país (hablamos de la AMIA, de la DAIA, de otras instituciones educativas y culturales) constituyen un cuerpo extraño a la Argentina porque tienen lealtades diferentes a las del resto de los habitantes, que teniendo sus orígenes en pueblos de otras partes del mundo se han integrado y asimilado a nuestra nación aceptando ser hijos de esta tierra. Por eso, gran parte de esa colectividad judía debería definir si su patria es Argentina o Israel.
UNA MINORIA QUE PRETENDE OCUPAR EL LUGAR DE LAS MAYORIAS
Con el característico lobby que practica, pues tiene a hombres y mujeres ubicados en lugares clave del acontecer nacional (gobiernos, partidos políticos, medios de comunicación, sistema educativo), el sionismo ha logrado lo que pocos, por no decir lo que nadie: la historia de sufrimiento del pueblo judío (no en la Argentina sino en otras partes del mundo) hoy ocupa un lugar preponderante en las efemérides de nuestro país. El recuerdo de sus tragedias (se insiste: por episodios ocurridos fuera de la Argentina) está a la misma altura o incluso supera la rememoración de los hechos históricos más trascendentes que sí hacen a la memoria e identidad del pueblo argentino. ¿Cómo es posible semejante privilegio?
Así, además de haber conseguido que desde 2006 la Cancillería conmemore el Día del Holocausto, también logró que cada 19 de abril los alumnos de las escuelas argentinas rindan homenaje, con carácter de obligatoriedad, a Ana Frank, una jovencita holandesa de religión judía que de acuerdo a la historia oficial fue asesinada por los nazis. Con el apoyo de organismos oficiales como el gobierno de la ciudad de Buenos Aires o el Ministerio de Educación, cada 9 de noviembre también se conmemora la Noche de los Cristales Rotos. Mientras tanto, el Día de las Américas (14 de abril), el Día de la Tradición (10 de noviembre) y el Día de la Soberanía (20 de noviembre) desaparecieron prácticamente del almanaque de aniversarios que merecen recordarse, tanto en las escuelas argentinas como en los estamentos oficiales del Estado.
Y todavía hay más. Hace un año y medio, el grupo de presión sionista logró que el entonces ministro de Educación de la Nación, Daniel Filmus, ordenara la capacitación de 10 mil docentes de la Capital Federal para que a partir de 2008 se instruyera en el conocimiento del Holocausto a todos los estudiantes de escuelas porteñas. Haciendo mención a dicho programa, el propio Filmus diría: “Estamos convencidos de que educar en la memoria es educar en el respeto y la defensa de los derechos humanos” (ver Clarín del 12 de agosto de 2007).
A ver… La opresión y la violencia política contra cualquier pueblo son condenables y como tal deben ser repudiadas. Pero la difusión de acontecimientos históricos en los que alguna comunidad o país sufrió hasta lo indecible, debe hacerse en un plano de igualdad. Uno se pregunta si en otros lugares del mundo se hace una campaña tan intensa como la que realiza la comunidad judía en la Argentina. Nuestro pueblo también vio correr mucha sangre de sus hermanos. En el siglo XIX aquí se intentó eliminar y borrar para siempre a una gran parte de su población. Que no otra cosa fue la persecución y muerte del gaucho, del indio y de comunidades enteras de nuestras provincias. Sin embargo, no hay ninguna campaña de divulgación histórica, alentada desde el Estado, para que las nuevas generaciones lo sepan o tengan en cuenta. Por otra parte, ¿existe en Israel, por citar un ejemplo, algún impulso oficial para que docentes y jóvenes intercambien datos acerca de las penurias sufridas por millones de iberoamericanos?
Una funcionaria del Ministerio de Educación, Alejandra Birgin, subsecretaria de Equidad y Calidad de esa cartera, explicaba sin tapujos la decisión del ministro Filmus: “La idea es promover la inclusión progresiva de la temática del holocausto en la enseñanza de la historia reciente del mundo y del país (…) porque la Shoá fue un acontecimiento clave del Siglo XX”. (Clarín, Guía de la Enseñanza, 12 de agosto de 2007)
¿Clave para quién? ¿Acaso existe un solo hecho, una sola historia que determina a las demás? Clave puede ser para la colectividad judía, que sufrió esa persecución. Pero no para el resto de las civilizaciones. Estamos de acuerdo en que se enseñen y analicen todos los episodios desgraciados sufridos por el hombre. ¿Pero por qué el Holocausto con exclusividad? ¿Por qué no formar a los docentes, como paso previo a la transmisión que harán a los estudiantes, en el conocimiento de la creación del propio Estado de Israel, expulsando a sangre y a fuego a los palestinos? ¿Por qué no enseñar lo que significó el colonialismo inglés y francés en África, donde murieron muchos más millones que los judíos?
Si la idea es crear un memoria universal (a tono con la globalización que elimina estados e identidades), entonces que también se eduque a nuestros jóvenes con el recuerdo de Hiroshima o el bombardeo que borró del mapa a una ciudad entera, Dresden, en Alemania, donde en 1945 fueron asesinados sus 75 mil habitantes, todos civiles.
Aunque los dueños de las palabras hayan decidido guardarla bajo siete llaves en el arcón de los términos “inconvenientes”, la sinarquía, esa mala palabra, está más vigente que nunca. Como tal, quienes forman parte de ella trabajan mancomunadamente, en sincronía, para llevar adelante sus propósitos. Puede que nos pongamos densos o que aburramos en esta porfía por la verdad histórica, pero es que la información resulta cada día más vital para saber las cosas que suceden a nuestras espaldas.
Hay que contar que un poco antes de que Daniel Filmus lanzara el programa de formación de docentes en el conocimiento del Holocausto, el Ministerio de Educación resolvió en 2005 auspiciar y darle reconocimiento oficial a una entidad privada que había “entendido” el valor que tiene la propaganda política insertada a través de expresiones artísticas. Así fue como surgió Cine y Educación, una propuesta de una licenciada en Educación, Andrea Talamoni, y otra en Comunicación Social, Marina Rubio, quienes desde el espacio que crearon se dedicaron a ofrecer funciones de cine para docentes y estudiantes con películas a las que recomiendan como material didáctico “para conocer acontecimientos de la historia argentina”, de acuerdo a la declaración de principios.
Entre algunos de los filmes que este grupo proyectó en escuelas de todo el país estuvo Oro nazi. En la cartilla de invitación a autoridades, docentes y alumnos se explicaba que la película “aporta pruebas sobre el arribo de criminales de guerra nazis a la Argentina, y sobre la entrada de sus fortunas y de grandes sumas de dinero mediante desembarcos clandestinos y transferencia de capitales, que han sentado las bases del moderno sistema de lavado de dinero”. La película, para no abundar en detalles, sostiene que Perón y Evita fueron agentes nazis que se encargaron de traer y proteger el dinero, los bienes materiales y las joyas robadas por los alemanes a los judíos asesinados durante la guerra. Esta infamia se proyectó entre 2005 y 2007 en casi todo el país.
Salvo los gobiernos de Formosa y La Pampa, que hicieron saber que no estaban de acuerdo con el relato histórico del guión, ninguna otra provincia cuestionó el filme. Y en algunas fue declarado de interés educativo y cultural: Buenos Aires (con aprobación del senado), Catamarca, Mendoza, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán… Se entendió bien, ¿no? Perón y Evita presentados como nazis, protectores de criminales de guerra y ladrones... ¡Y a ningún gobernador o funcionario de esas administraciones se les movió un pelo!
La frutilla del postre se puso en el Parlamento nacional. Por pedido de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, el 15 de junio de 2005 se declaró a Oro nazi “de interés general y cultural” (puede consultarse el Diario de Sesiones en el Congreso). En el decreto aparecen las firmas de los diputados Irma Roy, Marta Maffei, Juliana Marino, Miguel Bonasso, Sergio Basteiro, Claudio Lozano, Liliana Fellner, Cecilia Lugo de González Cabañas, Julio Accavallo. En los considerandos del apoyo a la película se lee:
“…contribuye al análisis de la historia reciente de nues-
tro país y se trata de un aporte de alto grado social, edu-
cativo y de alcance masivo por el poder comunicativo del
medio audiovisual. Asimismo resulta un material de in-
terés didáctico en el área de formación ética y ciudadana
y estimula a la ciudadanía en la defensa de sus derechos”.
“Se trata de un largometraje documental que narra los su-
cesos políticos del país y su relación con el oro proveniente
del régimen nazi, promoviendo una necesaria lectura de
nuestro pasado. Revela, a la vez, cómo bancos suizos, miem-
bros de la Iglesia y políticos argentinos ayudaron a transpor-
tar cientos de millones de dólares de las arcas del Tercer
Reich”.
Impresionante… ¡Los políticos argentinos de los que están hablando son nada menos que Perón y Evita!
FINAL ABIERTO
Tenemos un gobierno que suele mirarse en el espejo de España. Pues bien, sería interesante que tomara nota de la valiente actitud adoptada por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, quien acogiéndose al principio de jurisdicción universal que fue reconocido por España en casos de delitos contra la humanidad y el genocidio, determinó que el ex ministro de Defensa de Israel, Benjamín Ben Eliezer y otros seis jefes militares, sean juzgados en Madrid por bombardear en 2002 a la población civil de Gaza, provocando la muerte de 15 personas, 11 de las cuales eran chicos. ¿Serán España y este magistrado otros peligrosos nazis antisemitas?
La Argentina no puede dejarse chantajear por un sector que pretende ensuciar con sus infamias a todos sus habitantes y que como muestra de su racismo y discriminación busca desmembrar a los judíos del conjunto del pueblo, para que en lugar de servir al país al que pertenecen ofrezcan su lealtad a un estado que, además de no ser el suyo, es enemigo declarado de la Argentina. ¿Hará falta recordar que cada vez que la ONU vota las resoluciones para que Gran Bretaña devuelva el enclave colonial de Malvinas, sólo Estados Unidos e Israel sufragan a favor del viejo país pirata?
Fuente: http://agenciapacourondo.blogspot.com/2009/02/el-cinismo-del-sionismo-la-sincronia-de.html
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