La ONU acusa a Israel de limpieza étnica

Un responsable de la ONU ha acusado al régimen israelí de “limpieza étnica” y de expulsar a los ciudadanos palestinos de Jerusalén Este. Richard Falk, relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa en Ginebra el viernes. Falk dijo que las políticas de Tel Aviv conllevan “características inaceptables de colonialismo, apartheid y limpieza étnica”. Más de 11.000 palestinos han perdido su derecho a vivir en Jerusalén Este desde 1996 debido a las leyes que favorecen a los judíos y que han revocado los permisos de residencia de los palestinos, dijo Falk. “Estos 11.000 son sólo la punta del iceberg porque muchos más hacen frente a posibles problemas con sus permisos de residencia”, dijo Falk. El responsable de la ONU condenó la construcción de asentamientos ilegales por Israel diciendo: “Cada incremento de los asentamientos o cada incidente de demolición de viviendas palestinas son una forma de empeorar la situación a la que hace frente el pueblo palestino. Estas acciones buscan reducir las perspectivas que los palestinos puedan tener como resultado de las negociaciones de paz”. Los palestinos buscan crear un estado independiente en el territorio de Cisjordania, Jerusalén Este y la asediada Franja de Gaza y exigen que se cumplan las resoluciones de la ONU, que ordenan la retirada de Israel de los territorios palestinos ocupados. La continua presencia y expansión de los asentamientos israelíes en la Palestina ocupada ha creado un mayor obstáculo para los esfuerzos dirigidos a establecer la paz en Oriente Medio. Más de medio millón de israelíes viven en más de 120 asentamientos ilegales construidos desde la ocupación israelí de los territorios palestinos de Cisjordania y Jerusalén Este en 1967. La ONU y la mayoría de países consideran los asentamientos israelíes como ilegales porque fueron construidos sobre territorios capturados por Israel en la Guerra de 1967. La Convención de Ginebra prohíbe el envío de civiles de un estado ocupante a los territorios ocupados.