por Ghaleb Kandil
Socios| Beirut (Líbano)|
El Tribunal Especial para el Líbano (TSL) repitió nuevamente, en sus audiencias de apertura, la cantinela de su acusación política envuelta en explicaciones técnicas sobre el único elemento utilizado para tratar de mantener en pie todo el caso: la presunta prueba circunstancial de los enlaces telefónicos, supuesto resultado de 9 años de investigación sobre el asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri, investigación que hasta el momento ha costado 250 millones de dólares.
La parte acusadora rechazó de entrada la versión del kamikaze Ahmad Abou Adas, afirmando que fue inventada sólo para enredar las pistas. Pero el fiscal no aportó prueba alguna que justifique ese rechazo, a pesar de que dijo reconocer que el atentado fue efectivamente cometido por un kamikaze cuya identidad no ha podido determinarse, a pesar de los años de esfuerzos y de los colosales medios puestos a la disposición de los investigadores, incluyendo a todas las instituciones del Estado libanés. Recordemos que los investigadores tienen acceso a todos los archivos libaneses, a los registros del Estado Civil, registros de bienes inmuebles, datos de telefonía… En fin, el pasado, el presente y el futuro del Líbano están en manos de esos investigadores, muchos de los cuales trabajan para servicios de inteligencia extranjeros que a menudo son enemigos del Líbano.
Desde que fue asesinado Rafik Hariri, el contribuyente libanés ha gastado más de 125 millones de dólares y sigue sin saber la identidad del kamikaze… mientras que los servicios de seguridad libaneses lograron identificar en unos pocos días a los terroristas que se hicieron volar en pedazos delante de la embajada de Irán, el 19 de noviembre de 2013, y en el barrio sur de Beirut, el 2 de enero de 2014.
Pero lo peor de las primeras audiencias del Tribunal Especial para el Líbano ha sido la terminología utilizada por los acusadores, que puede llegar a exacerbar las tensiones confesionales y comunitarias en un Líbano que ya está siendo presa de una grave crisis política y de una peligrosa inestabilidad en materia de seguridad sin precedente desde el final de la guerra civil, en 1990. Las declaraciones de la parte acusadora constituyen una grave amenaza para la paz civil en Líbano, sobre todo en la medida en que vienen de un tribunal vinculado a la ONU, ¡la organización internacional que supuestamente debe preservar y promover la paz en el mundo!
La adopción por este Tribunal del sistema jurídico anglosajón –que acepta el uso de pruebas circunstanciales–, se decidió como consecuencia del fracaso de la costosísima investigación internacional, incapaz de encontrar pruebas materiales, solidas e irrefutables, que fuese posible explotar con fines políticos.
Los señalamientos de la defensa son importantes y graves. Los abogados (nombrados de oficio) señalaron que el acta de acusación basada en las llamadas telefónicas no contiene ninguna información sobre el contenido de las conversaciones telefónicas entre los supuestos sospechosos. El documento se limita a indicar que un grupo de individuos sostuvieron intercambios telefónicos en ciertos momentos y en ciertos lugares pero no aporta la menor prueba de que esas conversaciones estuviesen relacionadas con el atentado del 14 de febrero de 2005, que costó la vida a Rafik Hariri y a otras 22 personas.
Lo más grave son las revelaciones del diario israelí Yediot Aharonot sobre el origen de toda esa información técnica. Según ese diario, son los servicios de inteligencia israelíes quienes proporcionaron esa información a los investigadores internacionales, o sea que viene de la parte más interesada en lograr que se acuse a los miembros del Hezbollah de ser responsables del asesinato de Hariri.
La parte acusadora se esforzó, durante las audiencias, por explicar detalladamente varios planos de telecomunicaciones proporcionados por Israel. Pero es sabido que los grandes servicios de inteligencia disponen de las técnicas necesarias para hacer los planos que mejor les convengan gracias a la fabricación de llamadas telefónicas que quizás ni siquiera existieron realmente.
Entre las graves lagunas del Tribunal resaltan las modificaciones de su estatuto interno –introducidas por sus propios jueces– para proteger a las partes que ayudaron a complicar las pistas. Eso permitió al Tribunal afirmar que no le compete examinar el caso de los testigos falsos, cuyas declaraciones provocaron el encarcelamiento por espacio de más de 3 años de los 4 generales libaneses, finalmente liberados después que los testigos acabaron por ser considerados «poco confiables». Los generales habían sido arrestados para tratar de fabricar pruebas y testimonios que orientasen la acusación hacia Siria. Pero aquello fue un estruendoso fracaso y se perdieron más de 4 años en la realización de una dudosa investigación que finalmente fue desechada sin que se pidiesen cuentas a quienes la realizaron. Mientras tanto, los falsos testigos, que ocuparon la escena durante 4 años, hoy disfrutan en las playas de Australia, de Nueva Zelanda y de otros países los millones que se echaron en el bolsillo con sus declaraciones falsas.
Del mismo modo que se fabricaron los falsos testigos con intenciones de acusar a Siria, también se inventó y se fabricó la «prueba telefónica» para reorientar la acusación en contra del Hezbollah.
Nada de lo que hemos oído y escuchado durante la apertura del proceso inmuniza al Tribunal contra una repetición de la injusticia que sufrieron los 4 generales y otras decenas de personas inocentes interrogadas durante horas, o incluso días y hasta semanas, durante la primera investigación. Pero ahora se apunta contra nobles miembros de la resistencia que han dedicado sus vidas a la lucha contra la ocupación israelí y a la liberación de su país.
Fuente
New Orient News
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